La Real Sociedad de San Sebastián presentó ayer la solicitud de declaración de Concurso de Acreedores ante el Decanato del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, a sólo un día del fin del plazo para que la entidad blanquiazul se pudiera acoger a este procedimiento de forma voluntaria. Así, se evita el descenso de categoría, a Segunda B, por las más que posibles denuncias de sus jugadores que no han percibido todo lo correspondiente a la pasada temporada.
Ya lo hemos explicado en estas páginas alguna vez. La ley mercantil español choca de lleno con las normativas del fútbol y como tienen rango superior, prevalecen. Así, todo aquel club que no puede pagar a sus jugadores, para evitar el descenso sólo tienen que declararse en suspensión de pagos –ahora, la Ley Concursal-, y el juez que se haga cargo de la suspensión impedirá que se aplique una normativa del fútbol que haría inviable el mantenimiento de la sociedad.
Los rectores de la Real Sociedad agotaron hasta el último minuto para presentar la documentación necesaria para acogerse a la Ley Concursal, entre la que destaca la memoria historia económica y actividad de 36 meses, la relación de acreedores, las cuentas de los últimos tres años y la memoria de los cambios significativos de patrimonio. Con esta actuación el Consejo de Administración cumple con el deber establecido en la legislación concursal, aunque ahora deberá ser el Juzgado de lo Mercantil quien examine la documentación aportada en el plazo de dos días y decidir si es la adecuada o no.
En caso afirmativo, la administración judicial deberá dictar un auto declarando el concurso, en el que decidirá las facultades del Consejo de Administración de la Real Sociedad de Fútbol S.A.D., se nombrarán tres administradores concursales y se citará a los acreedores para que justifiquen los créditos. Por el contrario, si el Juzgado de lo Mercantil de la capital guipuzcoana detecta alguna anomalía en la documentación entregada, el Consejo de Administración de la Real tendrá un plazo máximo de cinco días más para completar la información requerida por el Concurso de Acreedores.
La Ley Concursal evitaría el descenso del equipo a Segunda B por impagos, ya que la plantilla no recibió el pasado 30 de junio el ingreso correspondiente a la segunda parte de las fichas y muchos jugadores han presentado denuncias ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
Dice el presidente Badiola que lejos de suponer una amenaza para la supervivencia del club, este procedimiento permite sanear económica y deportivamente a la entidad. Prueba de ello son los resultados obtenidos por otras entidades deportivas en circunstancias similares durante la pasada temporada, refiriéndose a Las Palmas y Málaga.
El Levante, más de lo mismo
Ya lo hemos explicado en estas páginas alguna vez. La ley mercantil español choca de lleno con las normativas del fútbol y como tienen rango superior, prevalecen. Así, todo aquel club que no puede pagar a sus jugadores, para evitar el descenso sólo tienen que declararse en suspensión de pagos –ahora, la Ley Concursal-, y el juez que se haga cargo de la suspensión impedirá que se aplique una normativa del fútbol que haría inviable el mantenimiento de la sociedad.
Los rectores de la Real Sociedad agotaron hasta el último minuto para presentar la documentación necesaria para acogerse a la Ley Concursal, entre la que destaca la memoria historia económica y actividad de 36 meses, la relación de acreedores, las cuentas de los últimos tres años y la memoria de los cambios significativos de patrimonio. Con esta actuación el Consejo de Administración cumple con el deber establecido en la legislación concursal, aunque ahora deberá ser el Juzgado de lo Mercantil quien examine la documentación aportada en el plazo de dos días y decidir si es la adecuada o no.
En caso afirmativo, la administración judicial deberá dictar un auto declarando el concurso, en el que decidirá las facultades del Consejo de Administración de la Real Sociedad de Fútbol S.A.D., se nombrarán tres administradores concursales y se citará a los acreedores para que justifiquen los créditos. Por el contrario, si el Juzgado de lo Mercantil de la capital guipuzcoana detecta alguna anomalía en la documentación entregada, el Consejo de Administración de la Real tendrá un plazo máximo de cinco días más para completar la información requerida por el Concurso de Acreedores.
La Ley Concursal evitaría el descenso del equipo a Segunda B por impagos, ya que la plantilla no recibió el pasado 30 de junio el ingreso correspondiente a la segunda parte de las fichas y muchos jugadores han presentado denuncias ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
Dice el presidente Badiola que lejos de suponer una amenaza para la supervivencia del club, este procedimiento permite sanear económica y deportivamente a la entidad. Prueba de ello son los resultados obtenidos por otras entidades deportivas en circunstancias similares durante la pasada temporada, refiriéndose a Las Palmas y Málaga.
El Levante, más de lo mismo
Y en la UD Levante, un grupo de unos cincuenta acreedores de la sociedad ha presentado una solicitud de concurso de acreedores en el Decanato de los Juzgados de Valencia, petición que tramitará el Juzgado de lo Mercantil número 2, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta solicitud se ha producido antes de que se haya cerrado la negociación que desde hace casi un mes mantiene el consejo de administración del club con un grupo inversor andaluz para la venta de más del setenta por ciento de su paquete accionarial. El juzgado deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de esta medida, cuya finalidad, según establece la legislación, es paliar los efectos de una posible insolvencia. Lo dicho, los días de vino y rosas de la selección han dejado paso a los de la otra realidad del fútbol español. La crisis galopante.
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