La polémica sobre las ayudas que concede el Gobierno autonómico a la presencia del deporte vasco en competiciones internacionales ha vuelto a la palestra después de que su portavoz, Miren Azkarate, criticara ayer con dureza los recursos contencioso-administratativos interpuestos por el Ejecutivo central contra dos órdenes recientes de la Dirección de Deportes -dependiente de la consejería de Cultura- dirigidas a fomentar la proyección internacional de las pruebas y los deportistas vascos. Azkarate manifestó que los recursos suponen "un ataque frontal al autogobierno" en materia deportiva y causan un "enorme daño a las competiciones y deportistas de alto nivel".
Azkarate explicó que el Ejecutivo socialista ha llevado a los tribunales dos resoluciones gubernativas destinadas a fomentar las competiciones internacionales organizadas en Euskadi, apoyar a los equipos vascos que compiten en pruebas que se celebran en el extranjero y reforzar la presencia de las selecciones vascas fuera de Euskadi. La consejera aprovechó para cargar contra el gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de querer "el monopolio del deporte de alto nivel" y "atacar frontalmente" la capacidad de autogobierno de Euskadi y al propio Estatuto de Gernika.
"El Gobierno de Rodríguez Zapatero juega más fuerte y va más allá de lo que nunca fueron los gobiernos del Partido Popular", manifestó Azkarate, quien agregó que si los recursos prosperan, "el deporte de alto nivel en Euskadi quedaría gravemente afectado y el Gobeirno vasco, sin competencias en materia de política deportiva".
La primera de las órdenes recurrida, referida al fomento de las competiciones deportivas internacionales y aprobada en marzo pasado, tiene una dotación presupuestaria de un millón de euros. Con esta cantidad, subrayó la consejera, se apoyaron el año pasado 81 pruebas, entre las que figuran la Vuenta Ciclista al País Vasco, la Clásica Ciclista San Sebastián, la Behobia-San Sebastián o el Campeonato del mundo de Surf de Mundaka.
La segunda disposición, aprobada en abril de este año, destina 400.000 euros a financiar la participación de selecciones vascas en pruebas internacionales. La consejera subrayó que esta línea de subvenciones posibilitó apoyar hace un año 38 eventos, principalmente partidos amistosos de combinados vascos. Agregó que ambas resoluciones de la Dirección de Deportes son "de larga tradición", al convocarse desde los años 2003 y 2000, respectivamente.
Estos dos recursos se suman a otros 42 que el Gobierno central presentó el año pasado contra los estatutos de otras tantas federaciones deportivas, entre las que se incluían las de ciclismo, atletismo o balonmano. En concreto, las federaciones renovaron sus reglamentos internos para incorporar unas disposiciones, al amparo del artículo 16.6 de la Ley de Deporte vasca, para atribuirse "una representación de carácter estatal e internacional" contraria a la Constitución, según argumentó entonces la Administración central.
El enfrentamiento entre los gobiernos central y vasco se remonta al año 1998, cuando fue aprobada la Ley del Deporte en el Parlamento. Su promulgación en junio de ese año fue uno de los puntos de desencuentro dentro del tripartito PNV-EA-PSE y que desembocó en la salida de los socialistas del Ejecutivo un mes más tarde. En octubre de ese año, el Gobierno del PP impugnó la norma vasca ante el Tribunal Constitucional.
Azkarate explicó que el Ejecutivo socialista ha llevado a los tribunales dos resoluciones gubernativas destinadas a fomentar las competiciones internacionales organizadas en Euskadi, apoyar a los equipos vascos que compiten en pruebas que se celebran en el extranjero y reforzar la presencia de las selecciones vascas fuera de Euskadi. La consejera aprovechó para cargar contra el gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de querer "el monopolio del deporte de alto nivel" y "atacar frontalmente" la capacidad de autogobierno de Euskadi y al propio Estatuto de Gernika.
"El Gobierno de Rodríguez Zapatero juega más fuerte y va más allá de lo que nunca fueron los gobiernos del Partido Popular", manifestó Azkarate, quien agregó que si los recursos prosperan, "el deporte de alto nivel en Euskadi quedaría gravemente afectado y el Gobeirno vasco, sin competencias en materia de política deportiva".
La primera de las órdenes recurrida, referida al fomento de las competiciones deportivas internacionales y aprobada en marzo pasado, tiene una dotación presupuestaria de un millón de euros. Con esta cantidad, subrayó la consejera, se apoyaron el año pasado 81 pruebas, entre las que figuran la Vuenta Ciclista al País Vasco, la Clásica Ciclista San Sebastián, la Behobia-San Sebastián o el Campeonato del mundo de Surf de Mundaka.
La segunda disposición, aprobada en abril de este año, destina 400.000 euros a financiar la participación de selecciones vascas en pruebas internacionales. La consejera subrayó que esta línea de subvenciones posibilitó apoyar hace un año 38 eventos, principalmente partidos amistosos de combinados vascos. Agregó que ambas resoluciones de la Dirección de Deportes son "de larga tradición", al convocarse desde los años 2003 y 2000, respectivamente.
Estos dos recursos se suman a otros 42 que el Gobierno central presentó el año pasado contra los estatutos de otras tantas federaciones deportivas, entre las que se incluían las de ciclismo, atletismo o balonmano. En concreto, las federaciones renovaron sus reglamentos internos para incorporar unas disposiciones, al amparo del artículo 16.6 de la Ley de Deporte vasca, para atribuirse "una representación de carácter estatal e internacional" contraria a la Constitución, según argumentó entonces la Administración central.
El enfrentamiento entre los gobiernos central y vasco se remonta al año 1998, cuando fue aprobada la Ley del Deporte en el Parlamento. Su promulgación en junio de ese año fue uno de los puntos de desencuentro dentro del tripartito PNV-EA-PSE y que desembocó en la salida de los socialistas del Ejecutivo un mes más tarde. En octubre de ese año, el Gobierno del PP impugnó la norma vasca ante el Tribunal Constitucional.
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