El escándalo, que no es nuevo, resurge cíclicamente. Pero ahora toma una fuerza inusitada y ya cobra forma de megacausa: por la presunta falsificación de pasaportes italianos quedaron implicados futbolistas que solicitaban la doble ciudadanía para convertirse en comunitarios.
Conscientes o no del delito, están involucrados en una red mafiosa que acaba de ser desbaratada. Concretamente, tras 110 registros realizados en la Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, en Chaco y en Santa Fe, se detuvieron a 40 personas, de las cuales 32 son mujeres. Entre las instalaciones registradas figuran los clubes Lanús e Independiente, pero también se revisaron gestorías, escribanías, estudios jurídicos y domicilios particulares.
En el informe de la Gendarmería Nacional se consigna que fueron secuestradas armas de fuego, aparte de los sellos de goma, pasaportes y DNI. El cónsul general italiano en la Argentina, Giancarlo Curcio, a quien se le falsificó la firma en reiteradas oportunidades, advirtió que gran parte de los casos involucran a futbolistas, pero aclaró que existen otras personas que no están vinculadas al mundo de ese deporte. “Siempre alerté a la comunidad italiana de que había gente sin escrúpulos que tramitaba la ciudadanía de forma irregular. Los únicos organismos que son competentes para la tramitación de ciudadanía son los consulados”, dijo.
Fuentes de la investigación confiaron al diario Clarín que tienen la sospecha de que la banda ítalo-argentina contaría con el decisivo apoyo de un empleado del consulado italiano y otro de la municipalidad de una localidad italiana cuyo nombre no trascendió. A su vez, habría clubes de Italia involucrados por haber pagado el dinero para la obtención de los pasaportes.
La megacausa, ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, tiene en la mira las transferencias del delantero Germán Denis, que pasó de Independiente al Nápoles, la de Juan Pablo Carrizo, el ex meta de River que ya está en la Lazio, y la de Gonzalo Bergessio, que este año arribó a San Lorenzo desde Benfica. Al mismo tiempo, se realizó un registro en el domicilio de los padres de Juan Forlín, un juvenil defensor de Boca que tuvo un fugaz paso por el Real Madrid B.
En el abanico de sospechas también se encuentran los representantes de futbolistas, como Gustavo Mascardi, Fernando Hidalgo, Jorge Cyterszpiller, Leonardo Rodríguez y Pablo Sabbag. Los pasaportes que están bajo sospecha son más de 300 y más de la mitad de ellos correspondían a futbolistas. Seiscientos gendarmes participaron de un operativo que amenaza con consecuencias imprevisibles por la gravedad de las irregularidades cometidas. Por error, se deslizó el nombre de Paco Casal, pero el representante uruguayo no está implicado.
Los delitos que se investigan son los de “falsificación de documento público” y “asociación ilícita”. En el caso de ser encontrados culpables del primero, la sanción sería de uno a seis años de prisión. Mientras que en el segundo, se prevén penas más graves, que van desde los tres hasta los 10 años. Y no se trata de delitos excarcelables.
Si en condiciones normales el trámite para conseguir un pasaporte dura entre cuatro y dieciocho meses, esta banda los resolvía en 30 días, a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros. Después del torbellino de registros, llegará ahora el momento de señalar a los culpables.
Conscientes o no del delito, están involucrados en una red mafiosa que acaba de ser desbaratada. Concretamente, tras 110 registros realizados en la Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, en Chaco y en Santa Fe, se detuvieron a 40 personas, de las cuales 32 son mujeres. Entre las instalaciones registradas figuran los clubes Lanús e Independiente, pero también se revisaron gestorías, escribanías, estudios jurídicos y domicilios particulares.
En el informe de la Gendarmería Nacional se consigna que fueron secuestradas armas de fuego, aparte de los sellos de goma, pasaportes y DNI. El cónsul general italiano en la Argentina, Giancarlo Curcio, a quien se le falsificó la firma en reiteradas oportunidades, advirtió que gran parte de los casos involucran a futbolistas, pero aclaró que existen otras personas que no están vinculadas al mundo de ese deporte. “Siempre alerté a la comunidad italiana de que había gente sin escrúpulos que tramitaba la ciudadanía de forma irregular. Los únicos organismos que son competentes para la tramitación de ciudadanía son los consulados”, dijo.
Fuentes de la investigación confiaron al diario Clarín que tienen la sospecha de que la banda ítalo-argentina contaría con el decisivo apoyo de un empleado del consulado italiano y otro de la municipalidad de una localidad italiana cuyo nombre no trascendió. A su vez, habría clubes de Italia involucrados por haber pagado el dinero para la obtención de los pasaportes.
La megacausa, ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, tiene en la mira las transferencias del delantero Germán Denis, que pasó de Independiente al Nápoles, la de Juan Pablo Carrizo, el ex meta de River que ya está en la Lazio, y la de Gonzalo Bergessio, que este año arribó a San Lorenzo desde Benfica. Al mismo tiempo, se realizó un registro en el domicilio de los padres de Juan Forlín, un juvenil defensor de Boca que tuvo un fugaz paso por el Real Madrid B.
En el abanico de sospechas también se encuentran los representantes de futbolistas, como Gustavo Mascardi, Fernando Hidalgo, Jorge Cyterszpiller, Leonardo Rodríguez y Pablo Sabbag. Los pasaportes que están bajo sospecha son más de 300 y más de la mitad de ellos correspondían a futbolistas. Seiscientos gendarmes participaron de un operativo que amenaza con consecuencias imprevisibles por la gravedad de las irregularidades cometidas. Por error, se deslizó el nombre de Paco Casal, pero el representante uruguayo no está implicado.
Los delitos que se investigan son los de “falsificación de documento público” y “asociación ilícita”. En el caso de ser encontrados culpables del primero, la sanción sería de uno a seis años de prisión. Mientras que en el segundo, se prevén penas más graves, que van desde los tres hasta los 10 años. Y no se trata de delitos excarcelables.
Si en condiciones normales el trámite para conseguir un pasaporte dura entre cuatro y dieciocho meses, esta banda los resolvía en 30 días, a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros. Después del torbellino de registros, llegará ahora el momento de señalar a los culpables.
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