Ya hemos publicado en estas páginas que cuando una normativa deportiva choca frontalmente con la legislación nacional, la única solución es cambiar la norma del deporte. Aunque haya casos que puedan demostrar lo contrario. No es el caso que nos ocupa porque desde 1992 el fútbol español se rige por la ley de sociedades anónimas, y lo mismo que tienen obligaciones bien es cierto que tienen derechos. Y la Ley Concursal –antigua suspensión de pagos- es una de ellas. De momento son siete los clubes que se han acogida a ella. De momento.
Los futbolistas, por muy bien valorados que estén socialmente, no dejan de ser trabajadores de sus empresas y por tanto sometidos a las vicisitudes de las mismas. Otra cosa es que sería conveniente un control exhaustivo de las cuentas por parte de la Administración (CSD), como la propia ley le confiere, para que no se autorizara al endeudamiento que muchos clubes hacen con fichajes y contratos que no pueden cumplir, antes de que se firmen. Pero hasta ahora, con el convenio colectivo, si un club no pagaba perdía la categoría y quien ocupase su plaza pagaba la deuda con los futbolistas afectados.
Ahora, acogiéndose a la Ley Concursal, el control de las SAD pasa a manos de un juez que nombra unos administradores judiciales y el convenio entre clubes y futbolistas no se puede aplicar.
¿Qué hacer ante esto? Muy poco, porque aunque muchos clubes se presten a acuerdos, los que saben que van a ser los afectados se niegan y se amparan en la ley vigente. Buscar fórmulas de cobro es la solución, pero eso pasa por un control de los presupuestos y unos topes salariales que los propios jugadores no van a querer aceptar. No hay que inventar nada nuevo, ahí está la NBA que desde hace décadas lo viene aplicando y aún no hemos oído que un jugador de su competición se haya quedado sin cobrar.
Perder la categoría, de Primera a Segunda, es la auténtica ruina. Sólo el contrato de televisión se reduce un 75 por ciento. Y el que baja de Segunda a Segunda B, mejor que cierre y empiece de nuevo. Los futbolistas lo saben y deben ser conscientes de ello. El resto de los trabajadores, cuando las empresas quiebran o desaparecen o se declaran insolventes, tienen el Fogasa y el paro como destino, o la reducción salarial.
Al mundo del fútbol le cuesta adaptarse a los tiempos de crisis. En Inglaterra, por ejemplo, cuando un club desciende mantiene el contrato televisivo dos años. Aquí no es así. Para que lo sea, la venta de los derechos ha de ser conjunta y todos los implicados estar de acuerdo en ello. Si eso fuese así, la mayoría de los clubes hoy con problemas no los tendrían.
De momento la comisión negociadora de la LFP –presidente, vicepresidente, Deportivo, Málaga y Atlético Madrid-, sigue buscando soluciones. Pero la distancia entre LFP y AFE es bastante significativa. Las negociaciones esta semana estaban rotas, pero la Liga quiere reanudarlas cuanto antes. La huelga asusta y el 31 de julio, fecha tope, está ahí mismo.
Los futbolistas, por muy bien valorados que estén socialmente, no dejan de ser trabajadores de sus empresas y por tanto sometidos a las vicisitudes de las mismas. Otra cosa es que sería conveniente un control exhaustivo de las cuentas por parte de la Administración (CSD), como la propia ley le confiere, para que no se autorizara al endeudamiento que muchos clubes hacen con fichajes y contratos que no pueden cumplir, antes de que se firmen. Pero hasta ahora, con el convenio colectivo, si un club no pagaba perdía la categoría y quien ocupase su plaza pagaba la deuda con los futbolistas afectados.
Ahora, acogiéndose a la Ley Concursal, el control de las SAD pasa a manos de un juez que nombra unos administradores judiciales y el convenio entre clubes y futbolistas no se puede aplicar.
¿Qué hacer ante esto? Muy poco, porque aunque muchos clubes se presten a acuerdos, los que saben que van a ser los afectados se niegan y se amparan en la ley vigente. Buscar fórmulas de cobro es la solución, pero eso pasa por un control de los presupuestos y unos topes salariales que los propios jugadores no van a querer aceptar. No hay que inventar nada nuevo, ahí está la NBA que desde hace décadas lo viene aplicando y aún no hemos oído que un jugador de su competición se haya quedado sin cobrar.
Perder la categoría, de Primera a Segunda, es la auténtica ruina. Sólo el contrato de televisión se reduce un 75 por ciento. Y el que baja de Segunda a Segunda B, mejor que cierre y empiece de nuevo. Los futbolistas lo saben y deben ser conscientes de ello. El resto de los trabajadores, cuando las empresas quiebran o desaparecen o se declaran insolventes, tienen el Fogasa y el paro como destino, o la reducción salarial.
Al mundo del fútbol le cuesta adaptarse a los tiempos de crisis. En Inglaterra, por ejemplo, cuando un club desciende mantiene el contrato televisivo dos años. Aquí no es así. Para que lo sea, la venta de los derechos ha de ser conjunta y todos los implicados estar de acuerdo en ello. Si eso fuese así, la mayoría de los clubes hoy con problemas no los tendrían.
De momento la comisión negociadora de la LFP –presidente, vicepresidente, Deportivo, Málaga y Atlético Madrid-, sigue buscando soluciones. Pero la distancia entre LFP y AFE es bastante significativa. Las negociaciones esta semana estaban rotas, pero la Liga quiere reanudarlas cuanto antes. La huelga asusta y el 31 de julio, fecha tope, está ahí mismo.
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