La Junta Electoral del Real Madrid, tras conocer la decisión del pasado lunes de la Junta Directiva del club de suspender la elección de socios compromisarios representantes de la Asamblea General, ha enviado un escrito a la misma en el que recuerdan que la Junta Directiva no tiene potestad para tomar tal decisión y que el proceso debe seguir para no perjudicar a socios que sí presentaron su candidatura de forma correcta.
La Junta Directiva, según la Junta Electoral, en su decisión de suspender el proceso, infringe el artículo 56 de los Estatutos del club, que disponen que "la Junta Electoral es la encargada de preparar, tramitar y desarrollar el proceso electoral de los miembros representantes de la Asamblea General".
Además, consideran, en el escrito que ha sido remitido a los medios de comunicación, que la actuación realizada por el presidente Ramón Calderón y su Junta Directiva en la captación de avalistas de candidaturas 'en blanco', vulnera la obligación contenida en el apartado 5º del Art. 52 y "daña el prestigio y buen nombre de la entidad".
Por otra parte, la Junta Electoral se defiende de las críticas que la acusan de no haber entrado en el fondo del asunto, cuando, en su resolución de fecha 10 de abril, "se ponen de manifiesto las irregularidades en el proceso imputables tan sólo a la Junta Directiva". "En aras del bien común y de los intereses de los socios que presentaron su candidatura correctamente, tras recibir el informe jurídico del letrado designado por el club, Antonio Jiménez Blanco, entendió que procedía la continuación del proceso", todo esto "sin perjuicio de que se pudieran depurar las responsabilidades que procedieran".
"La Junta Directiva sin duda ha oído dictámenes de juristas de reconocido prestigio que no ha puesto a disposición de la Junta Electoral y que contradicen el dictamen jurídico que se le facilitó a ésta, lo que nos hace pensar que el mayor conocimiento de los hechos de dichos juristas al recibirlos directamente de las personas que incurrieron en responsabilidades ha podido determinar una resolución de signo contrario, pero, en cualquier caso, dictada por quien no es competente", recalcan en su escrito.
Solicitan identificar las candidaturas fraudulentas
Así, creen que con su decisión lo que la Junta Directiva pretendía era "eludir sus responsabilidades en las irregularidades cometidas por sus miembros (...), denunciadas por distintos socios del club, y reconocidas por Alfonso Carrascosa ante los medios de comunicación que fueron declaradas probadas a juicio de esta Junta Electoral en su resolución de 10 de abril de 2008".
Por todo esto, y "ejerciendo sus funciones desde la independencia en defensa de la legalidad y de los derechos de los socios sin sucumbir a presiones de otros estamentos del club", y con el fin de que no se perjudique a los que "de forma correcta presentaron sus candidaturas", acuerdan "por unanimidad" ratificar su resolución, y requieren a la Junta Directiva que "adopte las medidas necesarias para la continuación del citado proceso y se abstenga en lo sucesivo de realizar cualquier actuación tendente a menoscabar la independencia y facultades de esta Junta Electoral".
Asimismo, requieren que se "identifiquen la totalidad de las candidaturas presentadas fraudulentamente a los efectos de proceder a su anulación y de esta manera subsanar las irregularidades cometidas y salvar los derechos de los socios".
La Junta Directiva, según la Junta Electoral, en su decisión de suspender el proceso, infringe el artículo 56 de los Estatutos del club, que disponen que "la Junta Electoral es la encargada de preparar, tramitar y desarrollar el proceso electoral de los miembros representantes de la Asamblea General".
Además, consideran, en el escrito que ha sido remitido a los medios de comunicación, que la actuación realizada por el presidente Ramón Calderón y su Junta Directiva en la captación de avalistas de candidaturas 'en blanco', vulnera la obligación contenida en el apartado 5º del Art. 52 y "daña el prestigio y buen nombre de la entidad".
Por otra parte, la Junta Electoral se defiende de las críticas que la acusan de no haber entrado en el fondo del asunto, cuando, en su resolución de fecha 10 de abril, "se ponen de manifiesto las irregularidades en el proceso imputables tan sólo a la Junta Directiva". "En aras del bien común y de los intereses de los socios que presentaron su candidatura correctamente, tras recibir el informe jurídico del letrado designado por el club, Antonio Jiménez Blanco, entendió que procedía la continuación del proceso", todo esto "sin perjuicio de que se pudieran depurar las responsabilidades que procedieran".
"La Junta Directiva sin duda ha oído dictámenes de juristas de reconocido prestigio que no ha puesto a disposición de la Junta Electoral y que contradicen el dictamen jurídico que se le facilitó a ésta, lo que nos hace pensar que el mayor conocimiento de los hechos de dichos juristas al recibirlos directamente de las personas que incurrieron en responsabilidades ha podido determinar una resolución de signo contrario, pero, en cualquier caso, dictada por quien no es competente", recalcan en su escrito.
Solicitan identificar las candidaturas fraudulentas
Así, creen que con su decisión lo que la Junta Directiva pretendía era "eludir sus responsabilidades en las irregularidades cometidas por sus miembros (...), denunciadas por distintos socios del club, y reconocidas por Alfonso Carrascosa ante los medios de comunicación que fueron declaradas probadas a juicio de esta Junta Electoral en su resolución de 10 de abril de 2008".
Por todo esto, y "ejerciendo sus funciones desde la independencia en defensa de la legalidad y de los derechos de los socios sin sucumbir a presiones de otros estamentos del club", y con el fin de que no se perjudique a los que "de forma correcta presentaron sus candidaturas", acuerdan "por unanimidad" ratificar su resolución, y requieren a la Junta Directiva que "adopte las medidas necesarias para la continuación del citado proceso y se abstenga en lo sucesivo de realizar cualquier actuación tendente a menoscabar la independencia y facultades de esta Junta Electoral".
Asimismo, requieren que se "identifiquen la totalidad de las candidaturas presentadas fraudulentamente a los efectos de proceder a su anulación y de esta manera subsanar las irregularidades cometidas y salvar los derechos de los socios".
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