Se da casi como inevitable que el erario ha de ayudar a sostener el costosísimo tinglado del fútbol, lo cual es discutible, y, en cualquier caso, no quiere decir que haya de renunciarse al más estricto control del uso del dinero público.
Todo lo contrario. En el caso del Real Zaragoza, la cuantiosa ayuda del Gobierno de Aragón, que decidió subvencionar a la sociedad anónima deportiva con cuatro millones de euros cada año durante un cuatrienio mientras que la Televisión autonómica inyectaba una cantidad similar por la retransmisión de partidos, no ha servido para enderezar la calamitosa marcha del club, que ha acabado en descenso.
Los malos resultados no se corresponden con la generosa cuantía de esa aportación pública, que se presentó como alivio a un club sin campo propio y que, a diferencia de otros de su categoría, no había podido contar tampoco con la financiación de la televisión. Pero, en puertas de una nuevo acuerdo del consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, hay que recordar que la ayuda pública debe concederse, en su caso, con transparencia y en cuantía adecuada a las nuevas circunstancias del club. Ya en Segunda, sus responsables no se han recatado a la hora de hacer gala de una gran prodigalidad al fijar -o mantener, en su caso- los emolumentos de los directivos, jugadores y técnicos principales de la sociedad anónima deportiva.
No parece que ese deba ser el rasero de la Administración, máxime en tiempos de dificultad económica. De momento, el ascenso del Huesca a Segunda División, una gran noticia deportiva para la comunidad, requerirá un trato equitativo para ambos clubes, que habrá de reflejarse en el tratamiento televisivo. Gestionar el dinero público exige escrupuloso rigor.
Todo lo contrario. En el caso del Real Zaragoza, la cuantiosa ayuda del Gobierno de Aragón, que decidió subvencionar a la sociedad anónima deportiva con cuatro millones de euros cada año durante un cuatrienio mientras que la Televisión autonómica inyectaba una cantidad similar por la retransmisión de partidos, no ha servido para enderezar la calamitosa marcha del club, que ha acabado en descenso.
Los malos resultados no se corresponden con la generosa cuantía de esa aportación pública, que se presentó como alivio a un club sin campo propio y que, a diferencia de otros de su categoría, no había podido contar tampoco con la financiación de la televisión. Pero, en puertas de una nuevo acuerdo del consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, hay que recordar que la ayuda pública debe concederse, en su caso, con transparencia y en cuantía adecuada a las nuevas circunstancias del club. Ya en Segunda, sus responsables no se han recatado a la hora de hacer gala de una gran prodigalidad al fijar -o mantener, en su caso- los emolumentos de los directivos, jugadores y técnicos principales de la sociedad anónima deportiva.
No parece que ese deba ser el rasero de la Administración, máxime en tiempos de dificultad económica. De momento, el ascenso del Huesca a Segunda División, una gran noticia deportiva para la comunidad, requerirá un trato equitativo para ambos clubes, que habrá de reflejarse en el tratamiento televisivo. Gestionar el dinero público exige escrupuloso rigor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario