El abogado del máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha recurrido la admisión a trámite de una denuncia de la Fiscalía por su gestión del club y ha denunciado que la juez ha emprendido una "inquisición general" contra él, en la que además ha vulnerado el obligado secreto judicial.
El defensor de Lopera ha alegado ante la Audiencia de Sevilla ocho motivos de nulidad o indefensión del auto por el que la juez de instrucción 6 incoó diligencias por un delito societario, según denuncia de la Fiscalía a instancia del grupo Béticos por el Villamarín (BPV).
Dicha denuncia imputaba a Lopera un delito societario por "descapitalizar" el Betis "en beneficio propio o de terceros" y "con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho", según la Fiscalía.
En su recurso, la defensa considera "singularmente grave" el hecho de que la juez haya decidido informar sobre esta causa al Consejo Superior de Deportes, cuyas funciones son administrativas y "absolutamente ajenas al proceso penal".
La defensa pide a la Audiencia Provincial que anule tal decisión, con la que la juez podría incluso incurrir en responsabilidad penal, pues la ley le ordena guardar secreto sobre los asuntos que tramita. Lopera denuncia que la juez ha emprendido una "inquisición general" cuyo objetivo es analizar todas sus actividades empresariales desde 1998 "para ver si encuentra algo".
Entre los ocho motivos de nulidad, la defensa argumenta que la Fiscalía "no está legitimada" para denunciar en nombre de la totalidad de socios del Betis, porque la ley exige que lo hagan "los directamente agraviados".
La defensa dice a la Audiencia que el Betis ha entregado al juzgado todas sus cuentas de los últimos 12 años, y "todavía no es posible conocer qué busca con su investigación la instructora". Además, denuncia que el juzgado ni siquiera se ha pronunciado, sin aceptarla ni rechazarla, su petición de recabar distintos documentos, entre otros la causa por delito fiscal contra Lopera, que concluyó en 2006 con una condena de conformidad a dos penas de siete meses y medio de cárcel.
El defensor de Lopera ha alegado ante la Audiencia de Sevilla ocho motivos de nulidad o indefensión del auto por el que la juez de instrucción 6 incoó diligencias por un delito societario, según denuncia de la Fiscalía a instancia del grupo Béticos por el Villamarín (BPV).
Dicha denuncia imputaba a Lopera un delito societario por "descapitalizar" el Betis "en beneficio propio o de terceros" y "con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho", según la Fiscalía.
En su recurso, la defensa considera "singularmente grave" el hecho de que la juez haya decidido informar sobre esta causa al Consejo Superior de Deportes, cuyas funciones son administrativas y "absolutamente ajenas al proceso penal".
La defensa pide a la Audiencia Provincial que anule tal decisión, con la que la juez podría incluso incurrir en responsabilidad penal, pues la ley le ordena guardar secreto sobre los asuntos que tramita. Lopera denuncia que la juez ha emprendido una "inquisición general" cuyo objetivo es analizar todas sus actividades empresariales desde 1998 "para ver si encuentra algo".
Entre los ocho motivos de nulidad, la defensa argumenta que la Fiscalía "no está legitimada" para denunciar en nombre de la totalidad de socios del Betis, porque la ley exige que lo hagan "los directamente agraviados".
La defensa dice a la Audiencia que el Betis ha entregado al juzgado todas sus cuentas de los últimos 12 años, y "todavía no es posible conocer qué busca con su investigación la instructora". Además, denuncia que el juzgado ni siquiera se ha pronunciado, sin aceptarla ni rechazarla, su petición de recabar distintos documentos, entre otros la causa por delito fiscal contra Lopera, que concluyó en 2006 con una condena de conformidad a dos penas de siete meses y medio de cárcel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario