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La Federación Española de Fútbol (FEF) tiene hoy una última oportunidad para solicitar una prórroga que le permita convocar elecciones después de la fecha límite establecida por el Consejo Superior de Deportes (CSD): el 31 de marzo. Si la FEF no pide un aplazamiento o convoca los comicios fuera del plazo establecido por la orden ministerial del CSD, aplicable a todas las federaciones no clasificadas para los Juegos Olímpicos de Pekín, se abrirá un conflicto de consecuencias imprevisibles. La FIFA considera la disposición como "una injerencia gubernamental" y amenaza con expulsar a España de la Eurocopa y de la fase clasificatoria para el Mundial 2010. Los equipos españoles también serían desterrados de las competiciones europeas. Ángel María Villar, presidente de la FEF desde hace 20 años, se arriesga a activar un proceso que podría iniciarse con la apertura de un expediente disciplinario y acabar con su inhabilitación, según fuentes jurídicas.
El calendario del procedimiento sancionador sería vertiginoso. El viernes, el Comité de Disciplina Deportiva podría iniciar los trámites de la inhabilitación de Villar si considera que ha incumplido la orden, según el CSD. Previamente, es necesario que se reúna la Junta de Garantías Electorales y decida abrirle expediente. Hasta ahora ha fracasado la intermediación del Comité Olímpico Español (COE) y la de un grupo de presidentes de clubes de Primera División encabezado por Enrique Cerezo, del Atlético.
"Si la FEF no pide en tiempo y forma el aplazamiento", explica un portavoz del CSD, "se iniciará un proceso sancionador. No tenemos margen de maniobra ni de negociación. Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, pero siempre con la limitación del ordenamiento jurídico español".
La FEF votó en su asamblea general del 3 de marzo borrar de sus estatutos cualquier referencia a su sometimiento a dicho ordenamiento, celebrar elecciones el último trimestre del año y no acatar la orden porque "supondría recortar el mandato del presidente por decisión del Gobierno". La federación, dijo Villar, es una asociación privada que se rige por las normas de la FIFA, que castiga cualquier ataque a su independencia.
La voluntad de alcanzar un acuerdo, reflejada en continuos contactos entre las partes enfrentadas sin resultado, deja una puerta abierta más allá del 31 de marzo: que la FEF pida un aplazamiento entonces y que eso subsane de forma retroactiva el incumplimiento. La FIFA, sin embargo, es contraria a esa opción porque seguiría implicando que la FEF se somete a las órdenes del Gobierno, explicó Joseph Blatter, su presidente.
En el camino se han quemado fases procedimentales sin llegar a un acuerdo. El pasado martes, la Junta de Garantías vio cómo se esfumaba sin recibir documento alguno el último día hábil para que la federación presentara los acuerdos de su asamblea. Fuentes del CSD lo consideraron como un incumplimiento sancionable. La decisión, además, provocó un comunicado de la plataforma opositora Federación de Todos, encabezada por Mateo Alemany, que no podrá presentarse a las elecciones si entran en vigor los cambios del reglamento electoral.
"La FEF ha incumplido todos los actos establecidos en el proceso electoral", dijo la plataforma; "ha adoptado acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico español y ha impugnado la orden, si bien la Audiencia Nacional ha resuelto en su contra". "La Junta de Garantías", añadió, "no ha resuelto ninguna de las continuas denuncias de esta plataforma por los reiterados y maliciosos incumplimientos de la FEF, que desde el mes de enero debieron suponer expedientar y sancionar a su presidente por varias infracciones muy graves". La Plataforma, además, denunció su preocupación "por las negociaciones secretas y fuera de plazo que se están produciendo" para enmendar el conflicto.
Los despachos buscan soluciones. Mientras tanto, resuenan los casos de las federaciones suspendidas por la FIFA como castigo por "la injerencia política" de sus gobiernos. No es una amenaza sin contenido. El último país en verla hecha realidad fue Chad, el viernes. Ya lo dijo Blatter: "Costaría seis horas reunir al Comité de Emergencia y suspender a España".
