El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, propuso hoy la elaboración de "una nueva ley del deporte profesional" y la creación de "un órgano regulador" de las sociedades deportivas, que garantice "la solvencia, la transparencia y la responsabilidad en la gestión".
Lissavetzky abrió hoy el turno de intervenciones en la subcomisión de Deporte Profesional del Congreso, por la que pasarán cincuenta ponentes consensuados por los grupos parlamentarios, para analizar las problemas de este sector y elaborar, posteriormente, unas conclusiones con posibles cambios normativos.
"Más que modificar la ley del Deporte, he propuesto hacer una nueva ley del deporte profesional, que tenga en cuenta aspectos como una definición del deportista profesional y contemple el derecho a afiliarse a la seguridad social", explicó Lissvetzky, tras cerca de tres horas de comparecencia.
El secretario de Estado también planteó la necesidad de "asegurar un modelo que traslade a la sociedad un mensaje de solvencia, transparencia y responsabilidad en la gestión, que pasaría por la creación de un órgano regulador independiente", con presencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), las federaciones, las ligas y las asociaciones de deportistas.
Lissavetzky, que anunció que empezará a trabajar, en paralelo a la subcomisión del Congreso, con los sectores afectados por una futura regulación del deporte profesional, planteó también la conveniencia de regular las apuestas online, "para que una parte de su recaudación revierta en el deporte español", y se mostró partidario de un sistema de venta colectiva de derechos audiovisuales.
"Un modelo que respete los derechos ya adquiridos, acorde al sistema de negociación europeo -España es el único país en el que se negocian individualmente- y que tenga en consideración el concepto de interés general en la información", dijo.
El secretario de Estado se mostró partidario de la modificación de la Ley Concursal, que ya está en marcha, y, a la espera de que ésta se concrete, habló de introducir algunas modificaciones como la que contemplan los nuevos estatutos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que introducen las "alertas tempranas" como toques de atención para los clubes con problemas económicos.
La tipificación como delito de la venta de partidos, que se tendrá en cuenta en la modificación del Código Penal, fue otro de los aspectos a los que aludió Lissavetzky al referirse al fraude deportivo. El portavoz Popular, Francisco Antonio González, se refirió a "la voluntad de todos los grupos para solventar los problemas" y señaló que su grupo "no tiene nada que objetar a la creación de un texto específico sobre deporte profesional", ya que la Ley del 90 "está absolutamente obsoleta".
González, que trasladó más de 30 preguntas al secretario de Estado, expresó su preocupación por la deuda de los clubes de fútbol de Primera, Segunda y Segunda B con Hacienda, que en octubre de 2008 ascendía a 627 millones de euros y en enero de 2009 a 689 millones, "un diferencial de 62 millones en tres meses".
"El problema es que los órganos reguladores han sido cómplices por no denunciar la situación, no que no haya habido órganos reguladores", dijo en tono discrepante el portavoz del PP, tras reiterar que su grupo "tiende la mano al Gobierno para buscar soluciones" y recordar que el PP ha pedido la comparecencia del presidente de la Liga Inglesa y de un directivo de la UEFA.
